Detención, juicio y ejecución de Alexandro Bóveda (IV)

¿FILGUEIRA TESTIGO?

Decía en otra anotación de esta serie que el "cargo" más serio que se hizo a Filgueira Valverde fue no acudir al jucio oral en el que se vio la causa instruida contra el Alexandro Bóveda. El hagiógrafo Álvarez Gallego repite en tres ocasiones que se le llamó y no se dignó acudir pese a estar citado. Tururú, mendaz, un despropósito como tantos otros de los contenidos en ese libelo que creen a pies juntillas los nacionalistas. Para que se vea lo poco fiable que es Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda (1972), hay que tener en cuenta el tono lírico y épico que Álvarez Gallego da a su obra para construir el mito, que como cualquier otro encierra muy poco de verdad. Algo parecido a aquella boutade de Castelao cuando afirmó que no enterraban hombres sino semillas de nuestra redención. No hay más que ver la composición sociológica de la sociedad gallega, o la indiferencia hacia el nacionalismo, Castelao o Bóveda por parte del pueblo gallego, que no los hace pasar de personajillos nacionalistas o nombres de calle, para entender que Castelao distó mucho de ser profeta.

Álvarez Gallego afirma que escribió su libro de un tirón, y pese a ello reproduce conversaciones largas, repletas de detalles, charlas mantenidas por Bóveda en las que el autor no estuvo presente y a más de 30 años de distancia de haber ocurrido... Pese a ello ofrece datos, pelos y señales. El autor se empeña en convencer al lector de que se detuvo a los compañeros de Bóveda "por republicanos" cuando el mismo nos cuenta que formaban parte del grupo que organizó la rebelión en Pontevedra. Desarrolla relatos que se asemejan a mentirijillas infantiles. Según uno de estos relatos el 25 de julio los presos en la cárcel de Pontevedra celebraron el Día de Galicia cantando a voz en grito el himno gallego. Como consecuencia de lo anterior una noche sacaron a Bóveda de la cárcel para pasearlo pero cuando paró el coche y los guardias civiles le dijeron que se alejara, se negó e inició un discurso sentimentaloide que el hagiógrafo reproduce con todo lujo de detalles con el que los convenció y no lo pasearon, entregándolo en la prisión del partido de Pontecaldelas... ¿Quién se puede creer algo así, incluso que un guardia del 36, que respondía al prototipo de tipo duro, se iba a dejar convencer por la demagogia cuando le daban una orden, que les enseñaban a cumplir sin rechistar?

El mismo hagiógrafo se empeña en afirmar que el juez, comandante José Vila Fano, sólo sometió a un interrogatorio a Bóveda, interrogatorio que por cierto reproduce de forma textual, con todo lujo de detalles pese a no haber estado presente, insisto que 30 años después de haberse producido... y que nada tiene que ver con el interrogatorio real que aparecen en la causa porque contra lo que afirma Álvarez Gallego, no sólo  le recibió la primera declaración el 3 de agosto, sino que una vez que le notifica el auto de procesamiento le recibe declaración indagatoria el día 6.

Álvarez Gallego no conoce el procedimiento de la justicia militar, se lía o no lo entiende y llama al miembro honorario del Cuerpo Jurídico Militar, Ramón Rivero de Aguilar, que ejerció funciones de fiscal ante el consejo de guerra, digo que lo llama de forma confusa auditor --otra cosa sería que en ese contexto le llamase jurídico--, y quienes auditaron la parte principal de este proceso fueron Tomás Garicano Goñi y José María Salvador y Merino, en ningún caso Rivero de Aguilar. Es tan indocumentado que hace capitán general al jefe de la media Brigada de La Coruña, general de brigada RogelioCaridad Pita --al que llama Pita Caridad-- cuya muerte endosa al mismo Rivero de Aguilar, que no intervino para nada en este proceso del que fue fiscal, incluso informando ante el consejo de guerra, Hernán de Martín-Barbadillo y Paúl, y auditor el de la División Eugenio Pereiro Courtier (Cf. causa 413/36 contra Enrique de Salcedo Molinuevo y Rogelio Caridad Pita por traición). También endosa a Rivero de Aguilar la muerte del gobernador civil de La Coruña y su mujer, el primero fusilado sin formación de causa y la segunda paseada. Endosa igualmente a Rivero de Aguilar la muerte de José Miñones, causa auditada por Pereiro Courtier y en la que fue fiscal, incluso ante el consejo de guerra, Hernán de Martín-Barbadillo (Cf. pieza separada de la causa 207/36 contra José Miñones Bernárdez por traición). También le achaca la muerte del secretario del ayuntamiento de La Coruña, Joaquín Martín Martínez, causa en la que tampoco intervino para nada Rivero de Aguilar (Cf. causa 207/36); la del alcalde de Ferrol, en la que tampoco intervino Rivero siendo notorio que ejerció funciones de fiscal incluso en la vista oral Martín-Barbadillo, etc. Y no será porque Ramón Rivero de Aguilar no fuese un activo fiscal honorario, pero es que Álvarez Gallego echa la lengua a pacer y no da una.

Por añadir algo más se empeña en enfrentar al fiscal Rivero de Aguilar con el comisario jefe de Pontevedra Florencio Enguita, del que se tomaría nota en el acta del juicio oral para dar parte sobre él. Ni la declaración del comisario puede ser más favorable al fiscal según el acta del juicio oral, ni por ello tuvo que haber enfrentamiento alguno, ni menos consta que se tomase nota de ninguna queja por parte del fiscal.

Llega al extremo de la mendacidad al afirmar que el Consejo de Guerra condenó a muerte a Guiance Pampín, pero debido a influencia de su familia, se le conmutó esta  pena por reclusión perpetua. Cualquiera que se lea la sentencia comprueba que el Consejo condenó a Amando Guiance a cadena perpetua (30 años), que la misma sentencia considera excesiva la pena impuesta y el tribunal pide que se le conmute por 20 años de reclusión menor.

Podría seguir con un nutrido etcétera de disparates, pero creo que los expuestos son suficientes. Me faltaba por indicar porqué Xerardo Álvarez Gallego se aparta de la verdad cuando señala que Filgueira Valverde se negó a acudir como testigo al consejo de guerra que vio y falló la causa contra Bóveda, pese a estar citado. Que no... Si Filgueira estuviese citado su citación aparecería en la diligencia de lectura de cargos del Alexandro Bóveda, y no aparece. Bóveda solicita que en descargo de los que se le hicieron se recibiese declaración en la fase de plenario a varias personas; en dos casos más (Virgós y García Vidal) se deja a voluntad del instructor que les tomase declaración durante la fase de plenario o que se les llamase al acto del juicio oral. Todas las pruebas solicitadas por Bóveda se aceptan por el instructor; consta en autos que se practican, y como el juez llama a todos aquellos interesados por el reo o formalmente su abogado, entre los que no está Filgueira Valverde, habrá que concluir que forma parte de las mentirijillas que pretende colar Álvarez Gallego la especie consistente en que se hubiese citado para comparecer ante el consejo de guerra a Filgueira Valverde.

Detención, juicio y ejecución de Alexandro Bóveda (III)

ACTIVIDADES DELICTIVAS

Los cargos que se hicieron contra el Alexandro Bóveda, como veremos resultan incontestables por abrumadores. Insisto, una vez más, que el nombre oficial de este individuo es Alejandro Bóveda Iglesias, el de pila que usaba era Alexandro --o Xandro con la familia-- pero en ningún caso Alexandre que es producto como tantos otros de la calenturienta inventiva de su hagiógrafo nacionalista, que tiene redaños para publicar facsímiles de varias cartas en las que nuestro protagonista firma como Alexandro o Xandro, y se empeña en llamarle Alexandre. Decía que los cargos que se hicieron al Bóveda resultan incontestables: se le acusa de formar parte del comité que, una vez que tuvo noticias del alzamiento de nuestras tropas de África, preparó la rebelión en el Gobierno Civil de Pontevedra repartiendo armas. Como estas no se usaron para hacer cosquillas a los alzados, sino que les ocasionaron bajas, pocas, pero bajas en definitiva, se comportó desde el punto de vista jurídico como un perfecto traidor al poner impedimentos al avance del Ejército. Como esta oposición la realizó desde un cargo directivo, el consejo de guerra pudo apreciarle la agravante de perversidad del delincuente, lo que a su vez permitió establecer la pena a imponer en su grado máximo.

Para que se vea lo que inventó o calló el hagiógrafo nacionalista del Alexandro Bóveda, dejo unos fragmentos de declaraciones en las que se le alude y permiten documentar lo que acabo de decir.

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Tengo  el honor de poner en conocimiento de V. que el día 20 del actual, durante las horas de la tarde en que con toda actividad se estaban concentrando armas recogidas por los elementos de las organizaciones marxistas en las armerías de la Capital y de las poblaciones de la provincia, y se armaba a dichos elementos, peligrosos todos ellos por su actuación y significación societaria, en el edificio y oficinas del Gobierno civil, preferentemente y como punto de distribución en el despacho del Gobernador civil, todo ello con ánimo de hacer frente a la posible acometida de las fuerzas del Ejército en todas estas actividades y como elemento dirigente figuraba D. Alejandro Bóveda, empleado de Hacienda, el cual en un momento en que un grupo de jóvenes subía la escalera del edificio, alguno de ellos portando al hombro cajas conteniendo armas recogidas en las armerías, desde el rellano central de la escalera increpó a los que subían diciendo que se mantuviesen abajo y como los portadores de las cajas, que se encontraban a la altura del [Bó]veda, contuviesen su ascensión, este se dirigió a ellos manifestándoles que ellos desde luego subían. Se apreciaba en su actitud que en las dependencias donde se concentraba el mando, el Sr. Bóveda ejercía una acción dirigente importante.

Oficio del agente de policía Ramón Pérez Cienfuegos, de 26 de julio de 1936 al comisario jefe de Pontevedra.

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Que mucha de la gente armada que estuvo en el Gobierno durante todo el día, no se encontraba cuando lo ocuparon las Fuerzas del Ejército porque momentos antes en varios camiones salieron dichos paisanos armados y que precisamente iban la mayoría con armas largas, desde las que fueron mandadas requisar por el Gobernador y repartidas por Bóveda y el Capitán de Asalto e iban a cortar el paso a las Fuerzas de la Base Naval de Marín que suponían venían hacia Pontevedra.

Declaración judicial del agente de Vigilancia Cástor Prieto Rodríguez en Pontevedra a 1 de agosto de 1936.

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Que el Sr. Bóveda le preguntó de que armamento tenía y disponía a lo que contestó que tenía armamento pero que mientras no viniese el Capitán él no disponía de nada (...) Que cree por haberlo visto que el que dirigía todo era el Sr. Bóveda o por lo menos que asumía las principales funciones.

Declaración judicial del sargento de Seguridad Antonio Dorado García en Pontevedra a 1 de agosto de 1936.

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El que declara en unión de otro agente y por creer que era su deber subió a defender al Gobernador, entre ellos estaban Jacobo Zbarsky que con una pistola en la mano amenazaba al Gobernador. Cuando fue requerido por el deponente para que dejara dicha actitud no hizo el menor caso. Entre los que estaban en actitud amenazadora, conoció a Bóveda, Adrio Barreiro, Novás, José Pintos, Pampín, Ramiro Paz, Caamaño y algunos otros que no recuerda y a otros que no conoce por sus nombres. Que todos estos eran los que parecían llevar la dirección de todo.

Que a Zbarsky por estar a su lado lo vio hacer un disparo al hidro que en aquel momento volaba muy bajo sobre dicho Gobierno lo que provocó los disparos del mismo (...) Como nombres de una serie de los que dirigían a las masas, armaban y daban órdenes, están Alejandro Bóveda, José Pintos, Paulo Novás, Ramiro Paz, Víctor Casas, Germán Adio, Mañá, José Adrio Barreiro, Amancio Caamaño, Amando Guiance Pampín, Manuel Martínez Vázquez, Andrés Rey Rey, Emilio Villar, César Poza Juncal, Ricardo Pomar Molla (este se distinguió en el reparto de armas y requisa de coches) Antonio Salvador Caja, Luis Poza Pastrana, Ramón Sainz de Inestrilla, José Acuña Damas, Francisco Tilbe Rodríguez y figurando igualmente entre los anteriores nombrados Abraam Zbarsky y Clemente Martínez Gendra, además de los dos delegados de Trabajo Royo y Mucientes. Como Jefe de las Milicias colocadas en entrada de la Alameda estaba Francisco Fernández Blanco, designado para el cargo por Alejandro Bóveda.

Declaración judicial del inspector de Vigilancia Antonio Iglesias Garcés, en Pontevedra a 2 de agosto de 1936.

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Que en uno de los momentos en que se asomó a la puerta principal del gobierno civil, el día veinte de julio último, vio un grupo enorme de gente al que se dirigió arengándolo Alejandro Bóveda y ordenó a Francisco Bernárdez Blanco, que al mando de un Grupo de Milicias se colocase en la Rotonda de la Alameda, en actitud de defensa, contra las Fuerzas del Ejército (...) Por las varias veces que el declarante subió al despacho del Gobernador, estaba entre los que recuerda, Alejandro Bóveda, José Pintos, Paulo Novás, Ramiro Paz, Víctor Casas, Germán Adrio, José Adrio Barreiro, Amancio Caamaño, Amando Guiance Pampín, Manuel Martínez Vázquez, Andrés Rey Rey, Emilio Villar, César Poza Juncal, Ricardo Pomar Molla, Antonio Salvador Caja, Luis Poza Pastrana, Ramón Sainz de Inestrilla, José Acuña Damas, Francisco Tilbe Rodríguez, Abraham Zbarsky, Clemente Martínez Genda, además de los dos delegados de Trabajo, Royo y Mucientes Juan González Corbacho [sic].

Declaración judicial de Heliodoro Pérez Martín, vigilante conductor del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, en Pontevedra a 2 de agosto de 1936.

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En los días dieciocho, diecinueve y veinte, vio entre otros que no recuerda a Bóveda, Adrio Barreiro, Pampín, Caamaño, Zbarsky padre e hijo, Poza hijo el más joven, Salvador Caja, Ramiro Paz y el Capitán Sr. Rico, los cuales unos más que otros, destacándose desde luego Bóveda aparecían en opinión del deponente como dirigentes del movimiento inusitado que se notó esos días en el Gobierno Civil.

Declaración judicial del portero del Gobierno Civil, Odilio Conde González, en Pontevedra a 4 de agosto de 1936.

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En los días dieciocho, diecinueve y veinte y aún en días anteriores el Despacho del Gobernador y un salón anejo a esa Dependencia se convirtieron --en una opinión del exponente-- en una especie de agencia para facilitar el armamento del pueblo, organizarlo y prepararlo para lo que todos hemos visto. Esa agencia la formaban, El Gobernador, Bóveda, el ruso Zbarsky y su hijo, Troncoso (está en Arbitrios) Adrio Barreiro, el representante del partido comunista cuyo nombre nunca pudo saber, Ramiro Paz, Víctor Casas, Caamaño, Salvador Caja, Inestrilla, Acuña factor del ferrocarril, Mucientes, de la Inspección de trabajo, Paulo Novás que estuvo en la mañana del veinte poco tiempo, y otros más que no puede el exponente recordar, de todos ellos el principal dirigente era Bóveda, el cual llegó hasta a arrestar por si y ante si, por no acatar a su Autoridad a un tal Puente, en una de las habitaciones del Gobierno Civil y en la mañana del día veinte (...) El gobernador Civil firmaba órdenes sobre licencias de armas, requisas de ferreterías, aprovisionamiento de dinamita, etc. y hasta ha visto en el día veinte la firma del Bóveda en alguna disposición u orden aunque no puede precisar para que objeto. Hace constar que una especie de brazo ejecutor del Bóveda (manejaba el teléfono, cursaba órdenes, etc.) era el segundo hijo del Médico Poza.

Declaración judicial del portero del Gobierno Civil, Ricardo Rial Dotras, en Pontevedra a 4 de agosto de 1936.

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En los días dieciocho, diecinueve y veinte, vio el declarante, al Gobernador, que con Bóveda, el Capitán Rico, Pampín, Adrio, un Suboficial de Artillería que después supo el dicente era el llamado "hijo del Ruso" y Ramiro Paz, entre otros que no puede recordar dirigían al parecer todo el movimiento de armamento y organización de la masa de paisanos que invadía el palacio de la Diputación, destacándose Bóveda en la aludida dirección.

Declaración judicial del portero del Gobierno Civil Juan Rivas Solano, en Pontevedra a 4 de agosto de 1936.

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El día veinte vio al lado del Gobernador entre otros a Bóveda, y a Pampín, al Sr. Pérez Prego, Presidente de la Diputación, como elementos directivos del frente Popular. Le consta que Bóveda era uno de los elementos del Frente Popular más influyentes.

Declaración de Amancio Caamaño Cimadevila, exmilitante de Izquierda Republicana, en Pontevedra a 4 de agosto de 1936

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Que los que recuerda que los [sic] que estaban en el despacho del Gobernador eran Pérez Prego, Bóveda, Telmo Bermúdez, Pampín y otros que no recuerda.

Declaración judicial de Paulo Novás Souto, secretario de Izquierda Republicana, en Pontevedra a 5 de agosto de 1936.

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Que en la noche del sábado al domingo diecinueve, la pasó en el Gobierno Civil, en el que con el Gobernador estaban Bóveda, Adrio Barreiro, Guiance Pampín, el Delegado de Trabajo, Caamaño, Luis Poza, Paulo Novás y no recuerda si Ramiro Paz. Juntos pasaron toda la noche hablando de los acontecimientos políticos que se anunciaban en España.

Declaración judicial de Víctor Casas Rey, presidente de la organización local del Partido Galleguista, en Pontevedra a 2 de agosto de 1936.

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Que a los alrededores del gobernador y en su despacho y entre otros que no recuerda estaban Bóveda, Pampín, y el Capitán Rico.

Declaración judicial de Ramiro Paz Carvajal, socialista, en Pontevedra a 5 de agosto de 1936.

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Que estuvo en el Gobierno Civil en la mañana del lunes día veinte de julio. Que allí y por no obedecer una orden de recogida de armas fue arrestado estando presente el Gobernador por Bóveda, quien le mandó ir a una de las habitaciones del Gobierno Civil encerrándole personalmente en ella; de la que logró salir al encontrar la puerta abierta a las doce de aquella mañana, escapándose seguidamente.

Declaración judicial de Manuel Puente Iglesias, agente ejecutivo de la Diputación, en Pontevedra a 5 de agosto de 1936.

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Que recuerda entre los que estaban en el despacho del Gobernador a Bóveda de quien desde luego no recibió orden alguna.

Declaración judicial de Luis Poza Pastrana, secretario del grupo local del Partido Galleguista, en Pontevedra a 5 de agosto de 1936.

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Que entró con alguna frecuencia en el despacho del Gobernador llamado por este para que atendiera el teléfono. Que en dicho despacho hubo gente durante toda la noche y que en opinión del dicente estaban reunidos en espera de las incidencias que pudieran ocurrir con motivo de un levantamiento de las tropas de África. Entre los que recuerda que estuviesen allí, figuran Bóveda, Pampín, Luis Poza, Edelmiro Dios, José Adrio Barreiro, el Capitán Rico, Paulo Novás, Víctor Casas, Antonio Salvador Caja, José Acuña, y que estuvo un rato solamente (...) Que vio como Bóveda, Luis Poza, Antonio Salvador Caja, y más tarde a Inestrilla y Mucientes, escribiendo a máquina unos oficios que llevaban a la firma al Gobernador y que una vez firmados eran repartidos en el ante despacho del Gobernador a varias personas de las cuales conoce algunas de vista. Que cree que los oficios eran órdenes de incautación de coches, gasolina, armas y municiones.

Declaración judicial de Enrique Pérez Fontán, funcionario del Gobierno Civil, en Pontevedra a 6 de agosto de 1936.

Todo lo cual, para poner de manifiesto la mendacidad o los inventos de la historia nacionalista, me parece que por hoy es bastante.

Detención, juicio y ejecución de Alexandro Bóveda (II)

LA REBELIÓN EN PONTEVEDRA

DÍA 17

De acuerdo con el testimonio del comisario jefe de Pontevedra, Florencio Enguita, en las primera horas de la noche del 17 de julio de 1936 llegaron a la Comisaría rumores relacionados con el levantamiento de nuestras tropas de África. Más tarde fueron confirmados al ordenarse desde la Dirección General de Seguridad que se intensificase la vigilancia en las fronteras para evitar el paso de los generales Sanjurjo y Cavalcanti junto con un alijo de armas que suponían acopiadas en Portugal.

DÍA 18

En las primeras horas del día 18 se tuvo conocimiento por un cabo de municipales de la gran actividad que había en el cuartel de Artillería, así como de la cantidad de soldados que iban a los domicilios de jefes y oficiales, que se congregaban en dicho cuartel vestidos de uniforme. Viendo que la situación se agravaba, este mismo día se reunieron con frecuencia miembros del Frente Popular en el despacho del gobernador civil de la provincia, Gonzalo Acosta Pan, entre otros Amancio Caamaño, Alexandro Bóveda, Amando Guiance Pampín, Ramiro Paz, Paulo Novás, Víctor Casas, el capitán de Asalto Juan Rico, José Adrio Barreiro, Celestino Poza (hijo), Maximiliano Pérez Prego, José Pintos, etc.

Sobre las 5 de la tarde el gobernador salió en su coche oficial para Salvatierra de Miño, Arbo y Tuy, poblaciones en donde había puestos fronterizos de la policía, para dar instrucciones. Cuando estaba en Tuy le entregaron una nota para que regresase con urgencia a la capital, cosa que hizo presentándose sobre las 21 horas. Con la llegada del gobernador comenzó la recluta y organización de unas fuerzas paramilitares que se harían las dueñas de la calle hasta que el Ejército restableció el orden, así como el montaje de la vigilancia en toda la población, en especial en los cuarteles de San Fernando y Campolongo, convocándose a todos los afiliados de los partidos extremistas integrados en el Frente Popular, tanto de la capital como del entorno. Todo ello efectuado por esas fuerzas paramilitares designadas en ocasiones con el pomposo nombre de Milicias Unificadas Antifascistas y al mando de José Pintos Quinteiro, en el coche de su propiedad y otros incautados mediante autorizaciones del Gobierno Civil, según decían. Al mismo tiempo daban a conocer la consigna de declarar la huelga general revolucionaria cuando lo ordenase el comité que para tal efecto se constituyó en servicio permanente. Esta huelga revolucionaria, no autorizada por la legislación, impulsada de forma aberrante y delictiva desde el Gobierno Civil, se aseguró que se declararía en cuanto el Ejército proclamase el Estado de Guerra. En la misma noche del 18 el comité montó un servicio permanente de guardias rojas en el Ayuntamiento, Gobierno Civil y Diputación.

DÍA 19

El domingo día 19 pasaron por el despacho del gobernador alcaldes y representantes del Frente Popular de toda la provincia para ponerse tanto a su disposición como a la del comité. En la noche del sábado al domingo se iniciaron por parte de los paramilitares registros domiciliarios y el domingo 19 se intensificaron, incluso efectuando detenciones de personas de significación derechista. Todo ello en virtud de denuncias del Frente Popular y por órdenes directas del gobernador. Según el comisario, la actividad de las milicias fue tan intensa que llegaron a ser los únicos que actuaban en la calle, sin que en Comisaría se recibieran órdenes para la práctica de servicio alguno y sí tan solo el que de forma verbal se dispuso practicase el inspector Antonio Iglesias en la madrugada del 20 de julio. Este consistía en la detención, registro y conducción de un coche que no se detuvo a su paso por Marín, suponiendo iba cargado de armas. Tal servicio no se cumplimentó al comprobar el inspector que sus ocupantes eran militares, lo que motivo una reconvención del gobernador civil.

Para asegurar la actividad de los grupos paramilitares, tanto el alcalde como el gobernador extendieron de forma absolutamente irregular unas autorizaciones para usar armas de fuego entre los días 19 al 22, hechas en blanco aunque con el hueco para consignar el nombre del beneficiario, sin que hubiese registro ni lista en que constase a quien se entregaban.

En la noche y madrugada del 19 al 20 los grupos paramilitares ejercían una vigilancia minuciosa, parando a todos los vehículos incluso los oficiales, cacheando e identificando a cuantas personas transitaban y no pertenecían al Frente Popular, llegando al extremo de que al querer parar un coche que no se detuvo hasta entrar en el cuartel de San Fernando se aproximaron tanto a este inmueble que tuvieron que salir los centinelas para dispersas y alejar a los grupos de escopeteros, que no abandonaron la vigilancia montada en los paseos del frente.

DÍA 20

El día 20 el aspecto de Pontevedra continuó en igual situación haciendo creer a la gente normal que se acercaba una noche revolucionaria, de incendios, cuchillos largos y tiroteos, en la que muchas familias iban a sufrir las consecuencias del terror rojo. Durante la mañana los obreros entraron a trabajar con la consigna de declarar la huelga general revolucionaria al primer aviso. Este se dio a las 11,30, saliendo los dirigentes para sus respectivos pueblos con el mismo fin y para reclutar gente que integrase los grupos paramilitares. A las 13,15 horas se recibió en Comisaría una orden del gobernador para que un funcionario acompañase a Andrés Rey y otros al objeto de requisar armas en comercios y viviendas y así se cumplimentó.

En las primeras horas de la tarde el comisario jefe con personal a sus órdenes y en virtud de mandato del gobernador, procedió a la incautación y clausura de la estación radiodifusora EAJ 40 de emisiones, Radio Pontevedra, trasladando a Comisaría una parte esencial del emisor, que quedó bajo llave hasta que esa misma noche y por orden del comandante militar de la Plaza fue entregada a un oficial de Artillería para su montaje bajo control de la Autoridad Militar. Antes había exigido esa parte esencial José Adrio Barreiro pero al consultarlo con el gobernador este no autorizó la entrega y no se efectuó.

Al regresar de la clausura de la emisora el comisario se encontró conque por orden del capitán de Asalto Juan Rico González, se había distribuido su fuerza por distintos puntos del Palacio Provincial, en especial balcones, ventanas, puertas de acceso y también en la Comisaría para situar guardias en las ventanas. Al poco subió el mencionado comisario al despacho del gobernador y se encontró al comité del Frente Popular y a varios miembros del mismo que hacían airadas protestas contra la pretensión que al parecer tenía el poncio de resignar el mando en la Autoridad Militar. Cuando habló por teléfono con el comandante militar de Pontevedra, general Iglesias,  y le comunicó que resignaba el mando comenzó el desconcierto y se iniciaron las amenazas contra el gobernador civil. Al comprobar el comisario que la situación de la primera autoridad civil de la provincia era extremadamente peligrosa, bajó a Comisaría y subió acompañado de un inspector, un agente y dos parejas de Asalto dirigiéndose al dormitorio en el que estaba el gobernador con su esposa, Caamaño y Pampín, todos sobrecogidos y llenos de pánico pues según decía el gobernador le querían asesinar. El inspector Antonio Iglesias pudo confirmar este extremo al ver al socialista Jacobo Zbarsky empuñando una pistola y apuntando a la puerta de entrada a dicho dormitorio, actitud que no abandonó hasta que fue intimado con carácter de autoridad por dicho inspector. Evacuado el Palacio Provincial de las fuerzas paramilitares, se trasladaron los policías al Cuartel, iniciándose el tiroteo contra el Ayuntamiento por los disparos que desde el mismo se hicieron cuando los funcionarios policiales se encontraban en la Alameda.

El gobernador fue detenido por el capitán de la Plana Mayor, Luis Sánchez Cantón al que vio como su salvador. Lo fue en un primer momento pero dados los graves delitos que se le probaron fue condenado a la última pena, y a este militar le tocó mandar el pelotón que ejecutó la sentencia. Bóveda también fue capturado en flagrante delito por el mismo Sánchez Cantón mientras salía del Palacio Provincial, lo que dio pie a que se instruyese contra él un relativamente extenso procedimiento sumarísimo en el que quedaron reflejadas sus actividades delictivas y sobre todo su perfil de exaltado, que veremos en próximos días. Para abrir boca, una muestra. Al justificar el gobernador su rendición diciendo "yo no quiero ser fratricida, ni que se derrame sangre en esta Provincia por mi causa", y que tuviesen paciencia pues si esta vez habían perdido otra vez ganarían, contestaron Alexandro Bóveda y el socialista Jacobo Zbarsky Kupper:

"Esto no puede ser, hay que matarlo, es una traición".

Lo cual da idea de una personalidad exaltada que poco tiene que ver con la que perfila su hagiografía nacionalista, mendaz, una vez más.

Detención, juicio y ejecución de Alexandro Bóveda (I)

No, no dejo el estudio de aquella colección de personajes estalinistas que pulularon por Galicia en los años 40. Tan sólo introduzco por medio este tema. 

Con ocasión de que la Real Academia Gallega acordase dedicar el Día das letras a José Filgueira Valverde, pudimos ver uno de esos espectáculos en los que a determinadas minorías les sale un sarpullido. En fin, que no pierden ocasión de dejarnos regocijados. El sectarismo pretende que todo el mundo sea como el sectario, y en caso de no lograrlo, hace la vida imposible al diferente o lo pone de vuelta y media. Se "acusa" a Filgueira de haber sido alcalde de Pontevedra durante el franquismo, y procurador en Cortes; pero sobre todo y ante todo, el gran "cargo" que se le hizo fue no haber acudido como testigo al consejo de guerra que vio y falló la causa contra Alexandro Bóveda. Tururú. Historia nacionalista de la que dice la gente que es toda inventada. Esta hablilla fuera de propósito procede junto a una colección de disparates apasionados de similar calidad, de una biografía mendaz (esto por ser fino y educado) de Alexandro Bóveda. Vamos a ver a través de la causa que se instruyó a este individuo como fue la rebelión en Pontevedra; si el juicio fue una pantomima como sostiene la biografía-hagiografía a la que me refiero y que llega a inventarle el nombre de Alexandre, que no usaba, disparate parangonable a que a Ánxel Casal algún biógrafo le llamase Anxo, y a partir de ese momento, porque la historia nacionalista le llamase Anxo cada vez que nos refiriésemos a él lo hiciéramos como Anxo Casal (Xerardo Álvarez Castro: Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda, Buenos Aires, 1972); en la misma línea de considerar el juicio una pantomima está un pijín que parece descendiente suyo y se limita a repetir tópicos para mantener el mito, que como tal mito, no refleja casi nada de verdad. Y a estas alturas ¿no resulta llamativo que nadie haya publicado la causa contra Alexandro Bóveda? ¿No será que si se da a conocer se desmonta el mito que rodea a su protagonista y se pone de manifiesto la mendacidad de su biógrafo-hagiófrafo? Ya veremos que contra el reo que nos ocupa existen acusaciones muy graves e incontestables sobre su actividad delictiva; y no sólo procedentes de los porteros del Gobierno Civil, acusación esta que parece traumatizar tanto a Álvarez Gallego como al que creo descendiente de Bóveda. Si los modestos porteros les parecen a uno y otro personas sin luces suficientes y hasta humillante que se condenase a Bóveda por el testimonio de lo que vieron esos modestos trabajadores en el Gobierno Civil de Pontevedra mientras se preparaba la rebelión contra el Ejército, ya adelanto que la causa es muy rica en declaraciones de mayor consideración social, más presentables en el Casino (comisario jefe de Pontevedra, agentes de policía, funcionarios del Gobierno Civil, etc.) que se sostienen por su propio peso sin acudir a las declaraciones de los porteros, que por cierto no parece en absoluto que se aparten de la verdad.

De la causa contra Bóveda uno de los aspectos que más me sorprendió después de haberla leído fue que no se aludiese para nada al Santo Pucherazo del plebiscito estatutario gallego; ni a la actividad revolucionaria de Bóveda en octubre de 1934 que motivó su traslado forzoso a Cádiz. Tal vez las acusaciones que se hacen contra el galleguista por lo ocurrido en el Gobierno Civil de Pontevedra entre el 17 y 20 de julio de 1936 son de tal gravedad, la perversidad del acusado es tan evidente por la trascendencia que tuvieron los hechos que protagonizó, que no consideraron preciso en unos autos tramitados por el procedimiento sumarísimo remontarse más atrás para imputarle otros posibles delitos, como lo sería el electoral del plebiscito en el que cualquiera puede suponer que Bóveda tuvo un papel principalísimo.

Por último, sobre la cuestión del supuesto gobierno legítimo, hay que tener mucho pecho al hablar de gobierno legítimo para referirse al que teníamos en España el 17 de julio de 1936, máxime cuando se sabe que surgió de unas elecciones en las que hubo pucherazos en 12 provincias, que la Comisión de Actas entregó a la izquierda 32 escaños que había ganado en las urnas la derecha, etc. Hasta los periodistas ya no suelen referirse al gobierno legítimo y lo sustituyen por eufemismos como gobierno legalmente constituido, que tampoco es exacto. Sea como fuere, el movimiento cívico militar que se alza en armas contra quienes considera sus enemigos interiores, como en cualquier otro pronunciamiento, se considera el representante legítimo de la nación, siendo sus enemigos, rebeldes, traidores, etc. Así ocurrió con los luego denominados mártires de Jaca, que publicaron  este conocido y escueto bando considerándose los representantes del gobierno legítimo:

Como Delegado del Comité Revolucionario Nacional, a todos los habitantes de esta Ciudad y Demarcación hago saber:

Artículo único: Aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República naciente será fusilado sin formación de causa.

Dado en Jaca a 12 de diciembre de 1930

Fermín Galán.

La lógica de los alzados en julio de 1936 no difiere de la empleada en diciembre de 1930 --sin que recuerde que a Fermín Galán nadie lo tachase de fascista--, y nuestros alzados también se consideraron los representantes legítimos de la nación. Como los que consideraron ilegítimos representantes no aguantaron ni medio asalto en Pontevedra, fueron juzgados como traidores, rebeldes, o fusilados sin formación de causa, justo lo que harían los representantes del Comité Revolucionario Nacional en 1930 caso de triunfar.